Jachal no se toca

La Asamblea Jáchal No Se Toca y su pelea por el agua

Un año atrás, once miembros de la Asamblea Jáchal No Se Toca viajaron a Buenos Aires para defender los recursos hídricos del Pueblo de Jáchal, en la Provincia de San Juan, República Argentina. Buscaban JUSTICIA, y con ese fin presentaron ante el Juzgado de la Jueza María Romilda Servini de Cubría las 71.000 firmas reunidas por Ekô, MiningWatch Canada y Earthworks.

Asamblea Jáchal No Se Toca en la mina Veladero
Asamblea Jáchal No Se Toca en la mina Veladero

Las organizaciones que respaldan esta lucha

Ekô es una comunidad global de personas que trabajan para frenar el poder creciente de las corporaciones. MiningWatch Canada es una organización no gubernamental radicada en Ottawa que vigila a la industria minera canadiense. Earthworks rechaza la extracción dañina y promueve soluciones que hacen responsables a los contaminadores y resguardan los derechos de las comunidades. A todas ellas les damos las gracias por ayudar a equilibrar una lucha tan desigual en defensa del derecho al ambiente sano y al agua de los jachalleros.

Qué es el SICI: Sistema de Injusticia, Contaminación e Impunidad

El SICI se puso en marcha en la provincia de San Juan con el exgobernador José Luis Gioja y siguió con sus sucesores Sergio Uñac y Marcelo Orrego. El Sistema de Injusticia, Contaminación e Impunidad surgió en San Juan para amparar a la Barrick Gold frente a los derrames constantes de cianuro y mercurio de su mina Veladero, y luego se extendió al plano nacional: los expresidentes Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández taparon, junto a sus funcionarios, las infracciones de la mina Veladero a la ley nacional de protección de glaciares, a la ley general del ambiente, a la ley de residuos peligrosos e incluso al Código de Minería.

Hoy el presidente Javier Milei, mediante el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), busca blindar a todas las corporaciones mineras que arriben a la Argentina para que no deban preocuparse por cumplir las leyes de protección ambiental y, de manera implícita, seguir cubriendo a la minera canadiense Barrick Gold y a la minera china Shandong Gold por las infracciones que continúan cometiendo en la mina Veladero.

La Corte Suprema y la impunidad del primer derrame

La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina también aplicó el SICI al repartir la competencia de la causa penal por el “primer derrame” de la mina Veladero, dejando en manos del juez Pablo Oritja, de San Juan, la investigación sobre la responsabilidad del ex CEO de Barrick en Argentina, Guillermo Caló, y de los funcionarios provinciales. De ese modo, la Suprema Corte aseguró la impunidad de Guillermo Caló por el derrame de cianuro y mercurio de la mina Veladero en septiembre de 2015, ya que el juez Oritja ni siquiera lo citó a declarar.

Por esa razón, la denuncia presentada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia a raíz del derrame de la mina Veladero en septiembre de 2015, que dio origen al expediente Nº 10049/2015 en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 7 a cargo del Juez Sebastián Casanello en Buenos Aires, no pudo progresar en la investigación sobre la responsabilidad del ex CEO Guillermo Caló por decisión expresa de la Corte Suprema, que impidió al juez Casanello investigar a la Barrick Gold.

La Asamblea Jáchal No Se Toca, representada por los Dres. Enrique Viale y Diego Miguel Seguí, fue admitida como querellante por el juez Casanello el 2 de marzo de 2016, tras haber presentado cerca de 3 mil firmas de ciudadanos jachalleros. En cambio, el juez Oritja, en la causa penal de San Juan, nos negó la participación como querellantes.

El juez Oritja, en San Juan, fue el más fiel practicante del SICI, ya que nos negó la posibilidad de presentar al hidrogeólogo Robert Moran como perito. Muy distinta fue la actuación del Juez Federal Sebastián Casanello, que aceptó la participación del perito hidrogeólogo Robert Moran en la causa penal de Buenos Aires e incluso ordenó crear una comisión de expertos para evaluar el funcionamiento del establecimiento minero Barrick Gold, disponiendo que en esa comisión participaran la asamblea “Jáchal no se toca” y la Asociación de Abogados Ambientalistas de la Patagonia. El juez Oritja también escondió bajo siete llaves un informe de Gendarmería donde surge la verdadera causa del “primer derrame” en Veladero, y sostuvo que la rotura de una válvula, que nunca fue peritada, fue el origen del derrame.

Las causas que llegaron a juicio oral en Buenos Aires

El 16 de octubre de 2018, el juez Sebastián Casanello, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7 de Buenos Aires, declaró cerrada la instrucción y ordenó elevar a juicio la causa N° 10049/15, caratulada “Lorusso, Sergio y otros s/ incumplimiento de deberes de funcionario público”, contra Sergio Lorusso –ex secretario de Ambiente de la Nación–, Beatriz Domingorena –ex subsecretaria de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación– y Jorge Mayoral –ex secretario de Minería de la Nación– por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 248 CP). Se concluyó que los funcionarios nacionales imputados habrían actuado con falta de precaución, principio fundamental que debe regir en materia ambiental.

De esta causa penal en Buenos Aires surgió otra por el incumplimiento de la ley de glaciares (causa N° 16156/16). El 5 de junio de 2018 se elevó a juicio oral la causa N° 16156/16, caratulada “IANIGLA, SECRETARIA MEDIO AMBIENTE DE LA NACION Y OTROS S/ INCUMPLIMIENTO DEB. FUN. PUB Y OTROS”. El juez Casanello elevó a juicio oral una causa contra extitulares de la Secretaría de Ambiente por vulnerar la ley de glaciares y declaró cerrada la instrucción. Están procesados los ex Secretarios de Ambiente de la Nación Juan José Mussi, Omar Judis, Sergio Lorusso y el ex Director del IANIGLA Ricardo Villalba por el delito de abuso de autoridad.

El juez sostuvo que crearon un documento (“Cronograma y Fundamentos de Ejecución”) en abierta contradicción con la ley nacional 26.639, lo que impidió inventariar, conocer y, por ende, proteger numerosos cuerpos de hielo de la zona Lama-Veladero, donde se asienta la mina de Barrick Gold, un área que por su extrema aridez hacía todavía más necesaria la preservación de esas reservas estratégicas de agua. En esas condiciones, el juez Casanello concluyó que los incumplimientos vulneraron al menos dos derechos humanos fundamentales: el derecho al ambiente sano y el derecho al agua, y que por lo tanto toda la comunidad resultó perjudicada.

El juez Sebastián Casanello elevó a juicio estas dos causas penales en 2018; desde entonces permanecen “acumuladas” a la espera del juicio oral ante la Jueza Federal María Romilda Servini de Cubría. Sin embargo, pese a haber entregado hace un año las 71 mil firmas en el Juzgado de la jueza Servini, no hemos conseguido que la jueza fije fecha para el juicio oral. Parece que la jueza también aplica el SICI a la perfección.

Censura y RIGI: el SICI en acción

El presidente Javier Milei emplea el RIGI y el SICI de un modo brutal. Una prueba es que lleva seis meses censurando la nota de la agencia de noticias TELAM que informaba sobre la presentación de las 71 mil firmas en el juzgado de la jueza Servini en Buenos Aires.

Así vemos cómo los distintos poderes del Estado Argentino se confabulan para proteger a la Barrick Gold, y sospechamos que el juicio oral en Buenos Aires nunca se llevará a cabo, del mismo modo que nunca avanzaron los juicios en la provincia de San Juan. Todos aplican a rajatabla el SICI (Sistema de Injusticia, Contaminación e Impunidad).

La historia de la Asamblea Jáchal No Se Toca muestra cómo una comunidad organizada puede llevar su reclamo por el agua y el ambiente sano desde San Juan hasta los tribunales de Buenos Aires. Con el acompañamiento de organizaciones como Ekô, MiningWatch Canada y Earthworks, la asamblea sigue exigiendo que las causas elevadas a juicio oral avancen y que se respeten las leyes de protección ambiental y de glaciares.