Al Pueblo le ultrajan los derechos y a las megamineras les apañan el saqueo
En Andalgalá y en Jáchal pasa algo muy similar: los derechos de los ciudadanos brillan por su ausencia.
En Catamarca el proyecto minero Agua Rica, sin licencia social, está avanzando de manera ilegal, ya que está vigente la ordenanza 29/16 que prohíbe la instalación de yacimientos mineros a cielo abierto en las cuencas del Río Andalgalá. Además, la empresa utiliza los caminos comuneros para trasladarse, violando las normativas vigentes.
Y también viola la Ley General del Ambiente Nacional. Pero la justicia no les hace cumplir esas leyes.
Por su parte, a modo de ejemplo de cómo en San Juan se pisotean los derechos del pueblo, podemos citar que la construcción de la Mina Veladero comenzó en 2003 sin las audiencias públicas previas. Por otro lado, en el año 2017 la empresa canadiense Centenera Mining estuvo haciendo exploración avanzada, sobre el último acuífero que tiene la población de Jáchal, en el Proyecto Huachi sin hacer audiencias públicas previas. Actualmente el Proyecto minero Josemaría terminó su exploración y no se hicieron nunca las audiencias públicas previas establecidas por la Ley General del Ambiente.
Otros ejemplos de derechos democráticos vulnerados son las consultas populares negadas al Pueblo de Jáchal en 2016 y 2018. Esto demuestra que el gobierno no quiere hacer una consulta popular porque sabe que la megaminería no tiene licencia social.
Pasando al “sistema de justicia” de San Juan podemos decir que el juez Pablo Oritja nos negó la condición de querellante en la causa civil y en la causa penal por el “primer derrame”. También nos negó la posibilidad de presentar al hidrogeólogo Robert Moran como perito en el Juzgado de Jáchal. Muy distinto a lo actuado por el Juez Federal Sebastián Casanello que nos dio, a la Asamblea Jáchal No Se Toca, la condición de querellante en la causa penal en la justicia federal y también aceptó la participación del perito Robert Moran en la causa.
El juez Oritja nunca buscó la verdad de lo ocurrido en la Mina Veladero. Ocultó un informe de Gendarmería en donde aparece la verdadera causa del “primer derrame” del 12 y 13 de septiembre de 2015 en Veladero. Pero esa actitud de encubrimiento de Oritja se puso en evidencia más locuazmente cuando el juez Sebastián Casanello dispuso el allanamiento a los organismos de la provincia de San Juan. Tres horas antes de que se realice este allanamiento, el juez Oritja hizo el allanamiento al Ministerio de Minería, Ministerio de Salud Pública, Secretaria de Ambiente y OSSE, para encubrir a los funcionarios de esos organismos provinciales y tapar la verdad. Esa mejicaneada de información crucial sobre el derrame, ocurrió el 25 de septiembre de 2015. Dos días después, Pablo Oritja (mucho más tranquilo, porque no dejó cabos sueltos) levantó la clausura de la planta de lixiviación de Veladero, por más que esa medida, el mismo Oritja, la había adoptado hasta el 22 de octubre de 2015.
También el juez Oritja desobedeció a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque ésta le ordenó juzgar al CEO de Barrick Guillermo Caló y a los funcionarios locales como José Luis Gioja y su ministro de minería Felipe Saavedra. En vez de eso, no los llamó ni siquiera a declarar en la causa por el derrame de 2015. Únicamente imputó a los perejiles.
El juez Oritja, antes de ser premiado con el traslado a un juzgado más tranquilo, archivó las causas del “segundo y tercer derrame” poniendo como fundamento que esos derrames de 2016 y 2017 no afectaron causes de agua, obviando el mercurio detectado en el agua del Río Jáchal por dos universidades.
Ahora el sucesor de Oritja, el juez Javier Alonso, archivó sin ningún trámite previo la causa por abuso de autoridad contra la Presidenta del Concejo Deliberante de Jáchal, Dra. Cintia Aballay. El juez Alonso se apartó de la verdad, como hizo Oritja muchas veces, al apañar la actitud dictatorial de la Dra. Cintia Aballay de no dejar ingresar a una sesión pública del Concejo Deliberante a un integrante de la Asamblea Jáchal No Se Toca. En la página 3 del acta Nº 1.253, debidamente presentada en el juzgado como prueba del delito cometido por la Dra. Aballay, dice claramente que no se le permitió ingresar a la sesión del Concejo Deliberante. ¡Que caradurez al mandar a archivo la causa, teniendo semejante prueba!
Con este accionar, el juez Javier Alonso le garantiza la impunidad a los poderosos. Lo mismo que hizo Oritja con la Barrick Gold, en las causas del “segundo y tercer derrame” teniendo los resultados de los análisis de agua del río Jáchal, en donde constaba el triple de mercurio detectado en el primer derrame. ¡Qué burla a los derechos del Pueblo de Jáchal!
Ahora, desde la Asamblea Jáchal No Se Toca, nos preguntamos ¿qué seguridad jurídica tendremos si se plantea una controversia por el Proyecto Megaminero Josemaría? ¿El juez Alonso está puesto ahí para seguir pisoteando los derechos de los jachalleros? ¿Hasta cuándo tendremos que soportar tantas injusticias para con el Pueblo de Jáchal?
Nos solidarizamos con el Pueblo de Andalgalá que resiste estoicamente contra el Proyecto minero ilegal de Agua Rica y contra todas las injusticias apañadas por el gobierno y la justicia.
Felicitamos al Pueblo de Chubut por defender sus fuentes de agua de todos aquellos irresponsables que insisten en meter la megaminería en Chubut. No bajen los brazos. No dejen que les ultrajen los derechos, como lo hacen con el Pueblo de Jáchal y de Andalgalá.
Asamblea Jáchal No Se Toca
8 de abril de 2020